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El nivel de avance de 3 en 3

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Una cuarta parte de los funcionarios, han presentado esta obligación, lo cual deja una enorme brecha en la lucha por la transparencia.

• 640 funcionarios públicos han hecho su declaración 3 de 3
• Hay aproximadamente 5.4 millones de burócratas en el país

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La ley 3 de 3 surge gracias a una iniciativa ciudadana para obligar a los funcionarios de los gobiernos a presentar sus números, y principalmente, se trata del interés generalizado que busca impulsar el buen gobierno, el combate a la corrupción, la seguridad y la transparencia.

A grandes rasgos la ley 3 de 3, según El Universal en la nota “Entérate, ¿Qué es la Ley 3 de 3?” obliga a los funcionarios a presentar tres importantes documentos: la declaración patrimonial, donde estén claramente asentados todos los bienes que poseen y que han adquirido, según su sueldo como funcionario público; su declaración de intereses, es decir, a quién le compran, a quién le venden, a quién le prestan y a quién le debe; y la declaración fiscal, la cual deberá estar detallada con los gastos mensuales y la responsabilidad de que paguen los impuestos, como cualquier otro ciudadano. La ley también detalla que, en caso de corrupción de funcionarios de cualquier nivel que se les sancionará según las leyes correspondientes.

Otra de las cláusulas importantes de esta ley es que los funcionarios públicos, deberán hacer su presentación de cuentas ante el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), sin embargo muy pocos servidores públicos han realizado tal obligación, reportó Alto Nivel, en el artículo “Políticos juegan a la transparencia y ‘reprueban’ en 3 de 3” y de hecho solo un secretario de estado ha realizado tal presentación y, en total, solo una cuarta parte de los funcionarios obligados a llevar a cabo su presentación, lo han llevado a cabo: 241 funcionarios estatales, 121 diputados federales, 74 diputados locales, 35 alcaldes, 27 senadores, 13 gobernadores, ocho integrantes de partidos políticos y el citado funcionario del gobierno federal.

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Cabe destacar que el IMCO y la organización encargada de promover dicha iniciativa, Transparencia Mexicana, no tienen facultades legales para revisar la veracidad de la información proporcionada en los medios digitales por parte de los políticos.

Dado lo anterior, la ley 3 de 3 no tiene el poder de analizar los informes que recibe. De acuerdo con El Financiero, en el artículo “No damos avales por declaración 3 de 3: Transparencia Mexicana”, donde el director de dicho organismo afirmó que este, está incapacitado, para realizar auditorías a las presentaciones realizadas.

Por Realidad Digital

Fuentes Informativas

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